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EI SILENCIO ADMINISTRATIVO


El silencio administrativo es una figura que permite la terminación de procedimiento administrativo sin que exista una resolución expresa.

La administración, en virtud del artículo 42 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administrativas y Procedimiento Administrativo Común, está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, contemplándose como excepciones, que el procedimiento termine por pacto o convenio así como  los procedimientos relativos  al ejercicio de derechos sometidos a comunicación previa por parte de la Administración.

El plazo máximo de resolución se establece en la norma que regula cada procedimiento, no pudiendo exceder el mismo de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley o la normativa comunitaria establezcan un plazo mayor. Cuando la norma no determine un plazo máximo, éste queda establecido en 3 meses. Estos plazos se contarán:
                  En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
                  En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

En Derecho Administrativo si la Ley o normativa comunitaria europea no expresan otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Si los plazos se señalan por días naturales, se pondrá de manifiesto en las notificaciones.
Si el plazo se fija por meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si el último día de plazo es inhábil, se entiende prorrogado hasta el último día del mes. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Este plazo podrá suspenderse temporalmente cuando concurran las causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 30/92.

Si la Administración no cumple dichos plazos, esta actitud, puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos que se han visto retrasados.

La falta de resolución expresa por parte de la Administración hace que se configure el silencio administrativo como un mecanismo de finalización del procediendo. Así existe silencio administrativo cuando una autoridad de la Administración no resuelve expresamente dentro del tiempo señalado para ello por la ley, una petición, un recurso interpuesto por un particular. La relevancia está en que el ordenamiento jurídico, atribuye una serie de consecuencias jurídicas a esa falta de resolución expresa.

Se distinguen dos clases de silencio administrativo, negativo, que es denegatorio de la petición, recurso o reclamación o, positivo, que es estimatorio de la petición, recurso o reclamación.

Se distingue además entre el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado y procedimientos iniciados de oficio.

Procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

El vencimiento del plazo sin que haya una resolución expresa, se entienden estimadas sus pretensiones, salvo en el caso en los supuestos en que una normaron rango de Ley por interés general o una norma de Derecho Comunitario establezcan lo contrario.

También se considerarán desestimados por silencio administrativo negativo los supuestos del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española, aquellos cuya estimación suponga dar al solicitante o al tercero facultades relativas al dominio público o servicio público, así como en procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

Si el Recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio administrativo negativo de una solicitud por transcurso de plazo, se entiende que, si llega el plazo de resolución y el órgano administrativo no ha resuelto, que ha sido estimado.

Con el RD Ley de 2011, también se pone de manifiesto que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado que se citan en el anexo 1 de dicho RD Ley, una vez finalizado el procedimiento sin que haya resolución expresa, se entienden estimados por silencio administrativo, en los mismos términos que el artículo 43 de la Ley 30/92.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, mientras que la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que corresponda.

En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior sólo puede ser confirmatoria, sin embargo, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo, puede ser confirmatoria o revocatoria.

Los actos administrativos que se produzcan por silencio administrativo, se pueden hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Procedimientos iniciados de oficio:


Si el procedimiento versa sobre el reconocimiento, constitución de derechos u otras situaciones jurídicas, los interesados deben entender desestimadas sus pretensiones.

En aquellos procedimientos en los que la Administración ejerza potestades sancionadoras o de intervención que sean susceptibles de producir efectos desfavorables a los interesados o de gravamen, se entiende que se produce la caducidad.

Victoria Hernández © Julio 2012.




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